El dispositivo de seguridad desplegado con motivo de la rave ilegal en el entorno de Férez dejó una imagen clara desde primera hora: el corte de accesos fue total.
Ni asistentes ajenos a la fiesta, ni vecinos, ni personas con labores agrícolas o desplazamientos habituales pudieron circular por vías clave como la AB-408, una carretera esencial para la vida diaria de la zona.
El “no” fue la respuesta generalizada.
No a vecinos.
No a trabajos en el campo.
No a desplazamientos ordinarios.
Y, en un primer momento, también no a la prensa.
En nuestro caso, la negativa inicial fue clara. No se trató de una recomendación ni de una advertencia, sino de una prohibición directa. Solo tras insistir, explicar nuestra condición de medio de comunicación y forzar la consulta con mandos superiores, se produjo una rectificación: la prensa sí podía pasar, bajo su propia responsabilidad.
Ese matiz lo cambia todo. Porque mientras a los vecinos se les mantuvo el corte —según fuentes oficiales, sin excepción—, la prensa pudo finalmente acceder tras una decisión tomada por teléfono y sobre la marcha. No por un protocolo previamente establecido, sino por una corrección posterior.
Y ahí está el problema. No en la decisión final, que fue la correcta, sino en el hecho de que hubiera dudas. En que un dispositivo de esta magnitud no tuviera claro desde el primer momento cómo actuar ante una situación tan básica como el acceso de los medios de comunicación.
La escena es reveladora: Un operativo extraordinario, con presencia de unidades especiales, controles exhaustivos y mandos de alto rango, pero sin un criterio definido para algo esencial en una sociedad democrática: el derecho a informar.
Durante ese tiempo de espera —apenas media hora, pero suficiente— la carretera permanecía bloqueada, la incertidumbre crecía y la información oficial seguía sin fluir. Justo en ese vacío es donde nacen los rumores, los vídeos sin contexto y la desinformación que luego cuesta tanto corregir.
Este episodio no es aislado. Se suma a las críticas que han ido apareciendo a lo largo del día, incluso desde grupos profesionales de Guardias Civiles en redes sociales, donde se ha señalado la mala planificación del operativo, los cortes indiscriminados y el colapso generado en una zona rural con pocas alternativas viarias.
Conviene subrayarlo con claridad:
No se cuestiona la labor de los agentes sobre el terreno, que han trabajado bajo una enorme presión.
No se cuestiona la necesidad de garantizar la seguridad.
Lo que se cuestiona es la planificación previa, la coordinación y la ausencia de protocolos claros para un escenario que, por desgracia, no es nuevo en estas fechas.
Cuando ni siquiera se sabe, a pie de carretera, si la prensa puede o no acceder, no estamos ante un exceso de celo, sino ante falta de previsión.
Y cuando los vecinos ven cortadas sus vías habituales sin información clara ni alternativas viables, el malestar está servido.
Informar no debería depender de una llamada improvisada. Circular por una carretera pública no debería convertirse en una incógnita. Y un operativo de esta envergadura debería tener respuestas claras antes de que empiecen las preguntas.
Porque en situaciones así, tan importante como la seguridad es la gestión, la comunicación y el respeto a derechos básicos. Y ahí, esta vez, no todo estuvo a la altura.
Por César Martínez.