El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves el desembolso de 946 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para España, destinados a afrontar los graves daños causados por la DANA que azotó en octubre del pasado año a la Comunidad Valenciana y otras zonas del país como Letur.
Se trata de una inyección económica de enorme calado que supone un respiro para el Ejecutivo central, aunque los ciudadanos esperan que estos fondos “lleguen donde tienen que llegar”.
La Comisión Europea ya abonó en marzo un anticipo de 100 millones de euros, el máximo permitido por el reglamento del Fondo, para iniciar la cobertura de gastos vinculados a las inundaciones.
A qué se destinarán los fondos
El montante aprobado se empleará en:
- Reparación de infraestructuras de energía, agua, aguas residuales, telecomunicaciones y transporte.
- Actuaciones en centros sanitarios y educativos.
- Tareas de limpieza y retirada de escombros.
- Alojamientos temporales y servicios de salvamento.
Según la evaluación del Ejecutivo comunitario, los daños totales ascienden a 18.080 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la estimada inicialmente por España (20.280 millones).
La DANA afectó a 845.000 personas en 84 municipios, dañó 170 centros educativos y más de 50 instalaciones sanitarias, además de infraestructuras públicas clave. La catástrofe dejó 237 fallecidos, 229 de ellos en la provincia de Valencia.
Amplio apoyo en el Parlamento Europeo
La propuesta fue aprobada con una amplia mayoría: 622 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. El mismo paquete incluye ayudas adicionales para Francia por los ciclones que golpearon Mayotte (89,6 millones de euros) y La Reunión (21,2 millones).
Expectativas ciudadanas
El Gobierno central recibe así uno de los apoyos económicos más importantes de los últimos años en materia de catástrofes naturales. Sin embargo, entre la ciudadanía sobrevuelan dudas habituales sobre la eficacia en el reparto: muchos reclaman que estos fondos lleguen de forma ágil y transparente a los municipios más dañados y a las familias afectadas.
Con la aprobación definitiva, España encara ahora la fase más crucial: convertir esta ayuda europea en reconstrucción real sobre el terreno.