La Dirección General de Tráfico ha vuelto a situarse en el centro del debate. Durante el VIII Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible, celebrado en Badajoz, su director general, Pere Navarro, dejó clara la intención del organismo: acabar con el transporte privado en las ciudades, incluidos los vehículos eléctricos.
«El transporte público será el único modo de acceder», afirmó, insistiendo en que el problema no es únicamente la contaminación, sino el espacio disponible en las ciudades.
La DGT mantiene desde hace años la idea de limitar la presencia del automóvil en los centros urbanos. Sin embargo, esta vez, la propuesta va más lejos: ni siquiera el coche eléctrico —la opción impulsada durante la última década— sería una solución válida a medio plazo.
La visión de la DGT
Navarro expuso con claridad que el modelo al que se aspira es uno en el que acceder al centro urbano implique recurrir al transporte público. Y, en caso de prisa, taxi, Uber o Cabify, pero no el vehículo privado. Señaló además que «todo empieza en las ciudades», que estas son el motor del cambio y que quienes resuelvan bien la movilidad atraerán inversión y talento.
«El problema es de espacio. Lo que no queremos son coches en el centro de la ciudad», afirmó ante los asistentes.
También habló de los desplazamientos a pie, argumentando que han aumentado porque “España es un país de personas mayores, y las personas mayores caminan mucho por salud”.
La realidad de quienes no viven en una gran ciudad
Hasta aquí, las teorías y «charlotadas» habiuales del Director de la DGT. Pero el día a día de millones de personas es muy distinto. La mayoría de trabajadores no vive en un gran núcleo urbano con metro, autobús cada pocos minutos o infraestructuras alternativas sólidas. En buena parte del país, el coche no es un lujo: es una necesidad.
El coche eléctrico tampoco ha experimentado el despegue esperado. Las razones son ampliamente conocidas: autonomías limitadas, precios elevados, falta de puntos de carga y un mercado donde quien puede permitírselo suele optar por modelos más económicos, no siempre los más eficientes. El ciudadano medio ha llegado hasta donde puede, mientras que quienes diseñan las normas parecen hacerlo desde una posición muy distinta y con menos obstáculos reales.
«Legislar sin ofrecer alternativas eficaces no resuelve nada. Solo incrementa la distancia entre quien dicta las normas y quien las padece.»
El discurso de la saturación
La saturación existe. Las ciudades están llenas. Pero reducir el problema a la expulsión del vehículo privado no es una estrategia completa.
No basta con limitar, prohibir o vetar. Antes es necesario construir una red de transporte público sólida, puntual y asequible, y hoy, a la vista está, esa garantía no existe en la mayoría del territorio español.
La defensa del medio ambiente y la Agenda 2030 es legítima, pero muchas decisiones generan la sensación de que cada día aparece una nueva limitación, una nueva tasa o una nueva prohibición. Y el ciudadano teme avanzar hacia un escenario en el que incluso usar el coche eléctrico sea un problema, o en el que tantas restricciones hagan de la movilidad un laberinto administrativo.
La movilidad del futuro, pendiente de la realidad
Ordenar el tráfico, reducir ruido y mejorar el aire son objetivos necesarios.
Pero resulta difícil apoyar estrategias diseñadas desde la distancia, sin tener en cuenta que millones de personas necesitan su coche para trabajar, para desplazarse o simplemente para vivir en localidades donde las alternativas no existen.
«España no podrá prescindir del vehículo privado sin antes ofrecer soluciones reales y accesibles. Lo contrario es legislar de espaldas al país.»
Mientras no se refuercen las conexiones, las infraestructuras y los servicios públicos de transporte, cualquier intento de restringir aún más el acceso a las ciudades no será una política de movilidad: será una carga añadida para quienes menos margen tienen.
Foto: Madrid Secreto.
Por César Martínez.