El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este jueves una moción en la que se declara persona non grata al presidente del Gobierno, tras una propuesta del concejal no adscrito José Ramón Conesa.
El texto salió adelante con el respaldo de los grupos de Vox y Partido Popular, mientras que los votos en contra fueron de PSOE y Unidas Podemos.
La moción, que obtuvo 16 votos a favor y 9 en contra, no tiene efectos jurídicos —la declaración de persona non grata carece de repercusiones legales— pero sí conlleva un valor simbólico que ha generado un intenso debate político dentro de la corporación municipal.
Acusaciones de corrupción y críticas al Gobierno central
Durante la defensa de la propuesta, el edil José Ramón Conesa —expulsado en 2024 del grupo municipal con el que concurrió a las elecciones— sostuvo que el Gobierno central “se ha convertido en los últimos siete años en el más corrupto de la historia”, citando pactos parlamentarios y responsabilizando al presidente de estar “acorralado por la justicia” por causas que afectan a su entorno.
La portavoz municipal de Vox, Lorena González, apoyó la moción señalando “numerosos casos de corrupción” y haciendo referencia a asuntos judicializados como el llamado “caso Koldo”. También aludió a investigaciones en torno a familiares del presidente.
Desde el Partido Popular, la edil Rosa González de la Aleja justificó el voto favorable argumentando que el presidente “ha degradado la democracia” y criticando su gestión económica. No obstante, matizó que “a Sánchez hay que derrotarlo en las urnas”.
PSOE y Unidas Podemos hablan de “ataque a la democracia”
El portavoz del PSOE, José González, calificó la moción como “un ejercicio de propaganda” y acusó a los proponentes de “dinamitar las reglas de la democracia”. Recordó medidas económicas y sociales impulsadas por el Gobierno central y defendió la legitimidad democrática del presidente.
Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Llanos Navarro, recordó episodios previos protagonizados por Conesa y criticó lo que considera una “búsqueda de relevancia mediante el insulto institucional”. También defendió que el actual Gobierno llegó al poder mediante “una mayoría legítima”.
Un gesto simbólico sin efectos legales
La declaración aprobada no implica consecuencias jurídicas ni limita de ninguna manera el acceso del presidente a la ciudad. Como ha reiterado el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, este tipo de pronunciamientos no vulneran el honor, aunque sí advierte de que atribuir calificativos a ciudadanos excede la función institucional de los ayuntamientos.
La sesión plenaria concluyó entre acusaciones cruzadas sobre el uso partidista de la institución municipal y el impacto simbólico de la medida.
La propuesta, presentada por el concejal no adscrito José Ramón Conesa, salió adelante con los votos de Vox y del Partido Popular, mientras que PSOE y Unidas Podemos votaron en contra. En total, la moción obtuvo 16 votos favorables y 9 en contra.
Aunque este tipo de declaraciones carecen de efectos jurídicos, sí tienen relevancia política y simbólica, motivo por el que el debate en el salón de plenos fue especialmente tenso.
Acusaciones de corrupción y críticas a la gestión del Gobierno
Durante su intervención, Conesa —expulsado en 2024 del grupo con el que concurrió a las elecciones— criticó al Gobierno central y sostuvo que el presidente “está acorralado por la justicia” por causas que afectan a personas de su entorno. La portavoz de Vox, Lorena González, también justificó su apoyo refiriéndose a varios casos judicializados, mientras que el Partido Popular defendió que la decisión respondía a “la degradación democrática” atribuida al Ejecutivo central, aunque subrayó que la vía natural para cambiar un Gobierno son las urnas.
PSOE y Unidas Podemos denuncian un “ataque a la institucionalidad”
Desde el PSOE, el portavoz José González acusó a los impulsores de la moción de “crear cultura de odio” y defendió la legitimidad democrática del presidente. Unidas Podemos, por su parte, criticó que se recurra a este tipo de declaraciones para obtener repercusión mediática y recordó que el presidente llegó al cargo mediante acuerdos parlamentarios legítimos.
Lectores consultados dudan de la utilidad real de la medida
Fuera del ámbito institucional, lectores consultados por Objetivo Sierra de Albacete coinciden en señalar que este tipo de acuerdos “no solucionan la vida de nadie” y que desvían la atención de los problemas cotidianos de la ciudadanía. Además, muchos no entienden cuál es la finalidad política de la decisión, especialmente al darse en un contexto donde la Diputación de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha están gobernadas por el PSOE, lo que podría generar malestar interno en el ámbito socialista provincial, regional y nacional.
Una declaración sin efectos legales
El gesto no implica limitaciones ni consecuencias jurídicas para el presidente. El Tribunal Constitucional ha reiterado que las declaraciones de persona non grata no vulneran el honor de los afectados, aunque sí ha advertido que los ayuntamientos deben valorar si atribuir reproches a ciudadanos entra dentro de sus funciones institucionales.
La moción deja tras de sí un nuevo capítulo de tensión política en el Ayuntamiento de Albacete, con acusaciones cruzadas entre los grupos y opiniones divididas entre la ciudadanía sobre la utilidad de este tipo de pronunciamientos.
Fuente : Europa Press CLM.